Nuevos Procedimientos y Controles para la prevención de lavado de activos involucran un amplio espectro de empresas

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El 12 de noviembre pasado, el Poder Ejecutivo dictó el Decreto 379/018 reglamentario de la Ley 19.574, relacionado a los procedimientos y controles para la prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva, que deben aplicar los sujetos obligados del sector no financiero (casinos; inmobiliarias, constructoras; rematadores; comerciantes de antigüedades, obras de arte, metales y piedras preciosas; explotadores y usuarios directos e indirectos de zonas francas; asociaciones civiles, partidos políticos, ONG’s así como abogados; escribanos; contadores). El decreto brinda definiciones acerca de quiénes son sujetos obligados, clientes, riesgo y origen de fondos.

Los sujetos obligados deberán realizar una evaluación de riesgos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva, tomando medidas apropiadas para identificar y evaluar los riesgos, considerando los factores: cliente, geográfico y operacional.

Luego de la evaluación, se deberá asignar una categoría de riesgo al cliente u operación: riesgo bajo, riesgo medio y riesgo alto, lo que permitirá la aplicación proporcional de los controles en función del nivel de riesgo que representa cada cliente u operación, todo lo cual deberá quedar documentado.  

El nivel de riesgo asignado incidirá directamente en la rigurosidad de los procedimientos de debida diligencia (conocimiento del cliente, beneficiario final, origen legítimo de los fondos, verificación de antecedentes en listas, etc.). Así pues, el riesgo bajo permite la aplicación de una debida diligencia simplificada. El nivel de riesgo medio impone la aplicación de una debida diligencia normal y el nivel de riesgo alto obliga a la implementación de una  debida diligencia intensificada, en cuyo caso es necesario incrementar los controles.

El encargado de velar por el cumplimiento de las políticas y procedimientos de prevención, será el Oficial de Cumplimiento. Para ello, se deberá designar a una persona para que se desempeñe éstas funciones,  pudiendo ser realizada por el propio sujeto obligado.

A su vez, el decreto permite delegar en terceros que también sean sujetos obligados no financieros, la realización de los procedimientos de debida diligencia de clientes que correspondieran por el sector de actividad al que pertenecen, siempre que se produzca la inmediata entrega de la información obtenida al sujeto delegante por parte del sujeto delegado, y en todos los casos bajo la exclusiva responsabilidad del sujeto delegante.

Nuestros técnicos especializados en cumplimiento han realizado un detalle por sector de las principales obligaciones que el nuevo decreto impone y se ha desarrollado un paquete de soluciones para la incorporación exitosa de sistemas de AML par sectores no financieros. Colaboramos con nuestros clientes en el  desarrollo de procedimientos, desde la redacción de manuales,  la definición  de matrices de riesgo y  la gestión documental a la capacitación y difusión interna. Acompañando a las empresas en este nuevo escenario.

SECTORES DE SUJETOS OBLIGADOS NO FINANCIEROS

Para cada una de los siguientes sectores de sujetos obligados detallamos el tipo de información y documentación que deberá recabar en función del grado de debida diligencia (simplificada, normal, intensificada). Particularidades de cada uno de los sectores:

CASINOS(arts. 21 – 28) deben aplicar controles en operaciones de compra o canje de fichas y/o tickets, apertura de cuentas, transferencia de fondos y cambio de moneda, cuando el monto involucrado supere USD 3.000 o su equivalente en otras monedas.

INMOBILIARIAS, CONSTRUCTORAS, PROMOTORES INMOBILIARIOS(arts. 29 – 38) deben aplicar debida diligencia intensificada en operaciones en efectivo o mayores a USD 300.000 cuando se utilicen instrumentos bancarios. En aquellas operaciones en las que intervenga una inmobiliaria por la parte compradora y otra por la vendedora, cada una deberá hacer la debida diligencia únicamente respecto de su cliente.

COMERCIO DE OBRAS DE ARTE, ANTIGÜEDADES, METALES Y PIEDRAS PRECIOSAS(arts. 63 – 68) deben aplicar los controles de debida diligencia en operaciones que superen USD 15.000 

REMATADORES (arts. 50 – 62)se establecen umbrales para aplicar debida diligencia USD 15.000 para remates de antigüedades, obras de arte, metales y piedras preciosas, y criterio diferenciado para remates ganaderos en operaciones por un monto inferior a USD 150.000.

EXPLOTADORES, USUARIOS DIRECTOS E INDIRECTOS ZONAS FRANCAS (arts. 69 – 76) deben clasificar los riesgos en materia de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva en: Bajo, Medio y Alto. A partir de dicha clasificación, deben realizar una debida diligencia diferenciada según el nivel de riesgo, detallándose la información requerida para cada grado de debida diligencia: normal, simplificada e intensificada.

Por otra parte, se establecen diferentes procedimientos de debida diligencia, considerando si el cliente es o no usuario de zonas francas. En el primer caso, los explotadores y los usuarios directos e indirectos, pueden acreditar la debida diligencia en relación al conocimiento de su cliente, con la exhibición de la documentación de personas físicas o jurídicas y el Plan de Negocios presentado por éste a la Dirección General de Comercio del Ministerio de Economía, sin perjuicio de la realización de otros controles. En el segundo supuesto, la debida diligencia a efectuar sobre el cliente debe ser documentada en forma circunstanciada por parte del usuario de zona franca.

ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO (arts. 84 – 88 asociaciones civiles, fundaciones, partidos políticos, agrupaciones y cualquier organización sin fines de lucro con o sin personería jurídica) con ingresos de cualquier naturaleza al cierre del ejercicio anual por un importe superior a UI 4.000.000 o activos por un valor superior a UI 2.500.000 

EL REPORTE DE OPERACIÓN SOSPECHOSA (ROS)debe comunicarse en forma inmediata a ser calificada la operación como sospechosa, y aun cuando la misma no haya sido efectivamente concretada. El decreto dispone la forma en que se debe realizar el reporte y que debe contener, estableciendo para el sujeto obligado la reserva del mismo, por ende, el sujeto obligado o las personas relacionadas contractualmente con él, no pueden poner en conocimiento de las personas participantes o de terceros los reportes realizados.

El incumplimiento de las obligaciones previstas para los sujetos obligados determinará la aplicación de sanciones por parte de la SENACLAFT (apercibimiento, observación, multa o suspensión del sujeto obligado en forma temporaria, o con previa autorización judicial, en forma definitiva), órgano que cuenta con potestades de fiscalización.

LA INSCRIPCIÓNANTE SENACLAFT

Los sujetos obligados no financieros, disponen de un plazo de 90 días a partir de la fecha 12 de noviembre de entrada en vigencia del decreto, para registrarse ante la SENACLAFT y designar en los casos de persona jurídica un oficial de cumplimiento.  Es un trámite en línea  y sin costo.

Están exentos de esta inscripción escribanos, rematadores. explotadores y usuarios directos e indirectos de zonas francas así como asociaciones civiles, fundaciones, partidos políticos, agrupaciones y en general cualquier organización sin fines de lucro ya que SENACLAFT contará con la colaboración de la Caja Notarial, Área Zonas Francas, Comisión Administradora del Registro Nacional de Rematadores del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y el Ministerio de Educación y Cultura, organismos que proporcionarán los datos de identificación necesarios para la registración.

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