Responsabilidades del auditor en la auditoría de Estados Financieros con respecto al fraude - NIA 240

En la NIA 240 se desarrolla el tema de la responsabilidad del auditor, en la auditoria de los Estados Financieros, con respecto al Fraude.

Dentro de los Estados Financieros las incorrecciones pueden deberse a fraude o error. Lo que diferencia una de la otra es si la acción que provocó dicha incorrección fue intencionada o no. Si bien el concepto de fraude es amplio, como auditores nos compete aquel que provoca incorrecciones a nivel de los estados financieros ya sea provocada por información financiera fraudulenta o por apropiación indebida de activos.

Los responsables del gobierno de la entidad y la dirección son los principales responsables de la prevención y detección del fraude, debiendo poner énfasis en prevenir la ocurrencia de este, no dando lugar a que se genera la oportunidad a que ocurra o disuadir el mismo en caso de ya estar ocurriendo por las probabilidades que hay de ser detectados y sancionados. El gobierno responsable de la entidad debe considerar la posibilidad que hay de eludir los controles, así como la capacidad de manipulación de la información a efectos de presentar mejores resultados.

El auditor que realiza una auditoría de conformidad con las NIA es responsable de la obtención de una seguridad razonable de que los Estados Financieros considerados en su conjunto están libres de incorrecciones materiales debidas a fraude o error. Así mismo aun habiendo aplicado las NIAs para la planificación y ejecución de la auditoria, existen riesgos de no detección por las limitaciones inherentes a cualquier auditoria. Este riesgo es mayor en el caso de fraude por la sofisticación que puede estar asociado, así como por la existencia de colusión. Hay varios factores que influyen en la detección de fraude, como ser la capacidad de quien lo comete, la frecuencia, nivel jerárquico involucrado, cantidades individuales manipuladas, el nivel de colusión involucrado entre otros. Es mayor el riesgo de detectar un fraude cometido por la dirección que por otros empleados, por el nivel de acceso y manipulación que tiene el primero. 

En el proceso de obtención de una seguridad razonable, el auditor es responsable de mantener una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría, teniendo en cuenta la posibilidad de que la dirección eluda los controles y reconociendo el hecho de que los procedimientos de auditoría que son eficaces para la detección de errores pueden no serlo para la detección del fraude.

Los objetivos del auditor son: (a) identificar y valorar los riesgos de incorrección material en los estados financieros debida a fraude; (b) obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada con respecto a los riesgos valorados de incorrección material debida a fraude, mediante el diseño y la implementación de respuestas apropiadas; y (c) responder adecuadamente al fraude o a los indicios de fraude identificados durante la realización de la auditoría.

Si el auditor identifica una incorrección, sea o no material, y tiene razones para considerar que es o puede ser el resultado de un fraude, así como que está implicada la dirección (en especial, los miembros de la alta dirección), volverá a considerar la valoración del riesgo de incorrección material debida a fraude y su consiguiente impacto en los procedimientos de auditoría destinados a dar respuesta a los riesgos valorados. También tendrá en cuenta si las circunstancias o las condiciones existentes indican la implicación de empleados, de la dirección o de terceros en una posible colusión.

Si el auditor confirma que los Estados Financieros contienen incorrecciones materiales debidas a fraude, o no puede alcanzar una conclusión al respecto, evaluará las implicaciones que este hecho tiene para la auditoría. 

Si el auditor identifica un fraude u obtiene información que indique la posible existencia de un fraude, lo comunicará oportunamente al nivel adecuado de la dirección. 

Si el auditor ha identificado un fraude, o tiene indicios de que lo haya, determinará si tiene la responsabilidad de informar de ello a un tercero ajeno a la entidad. Aunque es posible que el deber del auditor de mantener la confidencialidad de la información de su cliente le impida hacerlo, en algunas circunstancias la responsabilidad legal del auditor puede prevalecer sobre el deber de confidencialidad. 

Si como consecuencia de la detección de una incorrección debida a fraude y como consecuencia de considerar que no posee todas las capacidades para continuar el encargo, determinará las responsabilidades legales y profesionales que tenga, considerará la renuncia al encargo de acuerdo a si las disposiciones legales o reglamentarias lo permiten, y en caso de efectivamente renunciar determinara las implicancias legales y profesionales que esto conlleve de comunicar su decisión a quienes hayan designado al mismo como auditor, así como a autoridades legales que correspondan.